El ambiente cambiante del sistema normativo en la contratación pública hace que las normas reglamentarias no tengan vocación de permanencia, lo que genera no solo confusión en el operador jurídico, sino dificultades prácticas en su aplicación, al enfrentarse a la transición de un “compendio normativo” a otro, sumado a los problemas que suscitan el sinnúmero de interpretaciones que sobre la nueva norma se levantan al compararla con la anterior.
Como lo sostenía Ramón Llull, “si la ciencia del derecho quedara reducida a principios generales, se aprendería enseguida”, especialmente si estos se cumplieran, como lo demanda el artículo 62 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, las reglas de la experiencia nos han demostrado lo contrario, debido a falta de un adecuado control y/o de capacitación de operadores imperitos y de sanciones efectivas a los corruptos