"Actualmente mucho se conceptúa y se rumora respecto del alcance de la Ley de Garantías Electorales (L. 996/05) en materia contractual, no solo por distintos operadores jurídicos, sino por algunas autoridades que se pronuncian sobre el particular sin considerar los ya reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, las normas vigentes sobre la materia y el avance doctrinal que ha tenido dicho asunto, pues nada es más cierto que “tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe y saber lo que no debiera saberse” (François de la Rochefoucauld). Para aportar a la discusión elementos de juicio que permitan a los operadores jurídicos dilucidar el verdadero alcance de las restricciones contractuales durante el periodo electoral, abordaré en estas cortas líneas algunos fundamentos normativos que no tienen propósito distinto a desmitificar algunas creencias populares basadas en la imitación de otras entidades o en razonamientos que desconocen los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado e incluso lo ya regulado por el reglamento, para que los lectores de esta columna se hagan su propio criterio."

El ambiente cambiante del sistema normativo en la contratación pública hace que las normas reglamentarias no tengan vocación de permanencia, lo que genera no solo confusión en el operador jurídico, sino dificultades prácticas en su aplicación, al enfrentarse a la transición de un “compendio normativo” a otro, sumado a los problemas que suscitan el sinnúmero de interpretaciones que sobre la nueva norma se levantan al compararla con la anterior. Como lo sostenía Ramón Llull, “si la ciencia del derecho quedara reducida a principios generales, se aprendería enseguida”, especialmente si estos se cumplieran, como lo demanda el artículo 62 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, las reglas de la experiencia nos han demostrado lo contrario, debido a falta de un adecuado control y/o de capacitación de operadores imperitos y de sanciones efectivas a los corruptos

La supervisión, administración, fiscalización o auditoría de contratos, constituyen uno de los principales problemas en los países latinoamericanos de donde es fundamental incluir en las agendas de las entidades estatales la importancia y relevancia de vigilar adecuadamente la ejecución de los contratos estatales.

BOLETÍN 12 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. El registro único de proponentes RUP constituye la herramienta más importante de participación de cualquier interesado en la contratación estatal. Conozca en este boletín algunos de los aspectos fundamentales en cuanto a su renovación y actualización así como la subsanabilidad y la cesibilidad de la firmeza en los procesos de contratación.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración con el Dr. Jorge Hernán Beltrán Pardo, lanzó la Guía para la Contratación Transparente en el Distrito de Bogotá en el año 2016, la cual tuvo por objeto presentar el panorama de las cifras de corrupción, para luego, señalar y describir las prácticas más comunes que se presentan en la contratación estatal de una manera práctica y sencilla que permite a los lectores entender el contexto legal de la contratación pública en Colombia