Concepto del DAFP

En reciente concepto, el Departamento Administrativo de la Función Pública recordó que la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada opera independientemente del vínculo laboral, por lo que cobija a las servidoras públicas vinculadas mediante cargos de libre nombramiento y remoción, quienes están protegidas ante el despido producido durante el tiempo del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto.

Asimismo, precisó que la facultad discrecional de la administración para declarar la insubsistencia de estos empleos no es absoluta cuando la servidora se encuentra embarazada. En estos casos, el acto administrativo de retiro debe estar debidamente motivado y demostrar que la desvinculación obedece a una razón objetiva, necesaria e indispensable para garantizar la eficiente prestación del servicio, pues una motivación insuficiente puede dar lugar a las consecuencias previstas por la jurisprudencia constitucional.

Proyecto de Ley

Recientemente fue radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 076 de 2026, el cual busca fortalecer la transparencia y la selección objetiva en la contratación estatal, particularmente en los convenios y contratos interadministrativos. Para ello, propone exigir que, en este tipo de contratos, la entidad ejecutora acredite capacidad técnica, humana y financiera propia; limitar al 20 % la subcontratación con terceros, so pena de nulidad absoluta; ampliar la exigencia de licitación pública o selección abreviada para determinadas sociedades de economía mixta; establecer la publicación previa en SECOP II durante mínimo cinco días hábiles para recibir observaciones ciudadanas; exigir la publicación de los contratos derivados y sus principales datos; y restringir las entidades que podrían ser designadas como ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Con estos cambios, la iniciativa busca restringir el uso indebido de la contratación interadministrativa como mecanismo de elusión de la selección objetiva.