Decreto

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió el Decreto 0997 de 2026, mediante el cual modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, incorporando nuevas disposiciones para fortalecer el sistema de contratación pública. La norma incluye medidas relacionadas con la compra pública sostenible, la transparencia en la información contractual, la prevención de la corrupción, la verificación de listas restrictivas internacionales y la alineación de la contratación estatal con compromisos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Concepto CGR

La Contraloría General de la República precisó que la supervisión de los contratos estatales constituye una función propia de los servidores públicos cuando el contrato no requiere conocimientos especializados. No obstante, aclaró que la designación como supervisor no implica, por sí sola, responsabilidad fiscal frente a las irregularidades que puedan presentarse durante la ejecución contractual.
El organismo de control recordó que una eventual responsabilidad fiscal solo puede determinarse mediante el análisis de las circunstancias particulares de cada caso y la acreditación de los elementos previstos en la ley. Asimismo, señaló que las entidades deben evaluar la carga laboral y la capacidad del servidor antes de asignarle funciones de supervisión.

Sentencia CE

El Consejo de Estado declaró la nulidad absoluta de un contrato estatal al concluir que el proceso de contratación fue utilizado para favorecer intereses particulares mediante un acuerdo de corrupción, lo que configuró las causales de desviación de poder, causa ilícita y objeto ilícito. La Sala explicó que la desviación de poder se presenta cuando la Administración ejerce sus competencias con fines distintos a los previstos por la ley, apartándose del interés general y de los fines propios de la contratación estatal.
La decisión reafirma que la contratación pública debe orientarse exclusivamente a la satisfacción del interés general y que la utilización del procedimiento contractual para beneficiar intereses particulares o ejecutar actos de corrupción compromete la validez del contrato y da lugar a su nulidad absoluta.
 

CONPES

El CONPES 4208 tiene como propósito aumentar la calidad de la producción normativa de las entidades públicas del orden nacional y territorial mediante un enfoque integral de gobernanza normativa que fortalezca todas las etapas del ciclo regulatorio, desde la planeación hasta la evaluación de las normas. Para ello, amplía el alcance de la anterior política de mejora normativa, que estaba centrada principalmente en el análisis de impacto normativo, e incorpora cuatro ejes estratégicos: i) fortalecer la participación, la transparencia y la inclusión en la producción normativa; ii) consolidar el uso sistemático de evidencia, análisis prospectivo, innovación y lenguaje claro en la formulación e implementación de las normas; iii) fortalecer la gobernanza y la coordinación institucional; iv) incrementar las capacidades de las entidades, con el fin de lograr una regulación más pertinente, coherente, efectiva y técnicamente sólida.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia

Sobre este tipo penal, la Corte precisa que la estructura típica del delito exige un acto de apropiación que prive al Estado de la disponibilidad legítima de los recursos, en provecho propio o de un tercero, y destacó que la relación funcional que habilita la configuración del peculado puede derivar de la ley, el reglamento, el acto administrativo, el contrato, la delegación, el encargo o la distribución interna de tareas, siempre que esos títulos vinculen al agente con el manejo de los recursos objeto de apropiación.

En ese sentido, aclaró que el delito de peculado por apropiación puede ser cometido por un contratista cuando, más allá de la modalidad de vinculación, ejerce materialmente una función pública que le otorga una relación funcional con los recursos estatales. Por consiguiente, la responsabilidad penal no depende del nombre del contrato, sino de que el particular, por razón de las funciones efectivamente asignadas, tenga administración, tenencia, custodia, manejo o disponibilidad material o jurídica sobre los bienes públicos.