El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (EGCAP) no contempla reglas de interpretación, por lo que, en virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, es necesario remitirse al contenido de los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, de los cuales emergen los principios y reglas aplicables en materia de interpretación de los contratos.

Según la doctrina especializada, los principales principios rectores que se desprenden de tales disposiciones son: (i) la búsqueda de la común intención de las partes (communis intentio o voluntas spectanda), y (ii) la buena fe contractual.

Las reglas de interpretación, por su parte, se dividen en cinco: (i) la especificidad, (ii) la interpretación efectiva, (iii) la integración, (iv) la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del contrato, y (v) la interpretación usual. Finalmente, se advierte que la interpretación auténtica y la interpretación extensiva o restrictiva deben usarse con cautela, priorizando la aplicación de cláusulas amplias en favor de la duración en contra del equilibrio o preponderancia.

En este fallo, el Consejo de Estado hace importantes precisiones sobre las reglas contenidas en la sentencia SU de noviembre de 2012 en relación con los casos en que podría exigirse el reconocimiento de prestaciones efectuadas sin respaldo contractual formal.

Recuerda cómo uno de los “casos” en los que, de manera excepcional, podría configurarse y declararse el enriquecimiento sin justa causa, corresponde a cuando se ejecutan actividades sin respaldo de un contrato, así como la naturaleza compensatoria de esta figura.

De igual manera, resalta la excepcionalidad de la actio in rem verso respecto a los supuestos que se presentaron en la unificación, los cuales constituyen algunas hipótesis de procedencia de manera ilustrativa y no una lista cerrada de situaciones.

En Concepto C-050 de 2025, CCE explica que la experiencia profesional requerida para suscribir un contrato con el Estado se cuenta desde la finalización del pénsum académico de educación superior. Frente a esa disposición, se exceptúan los contratistas del sector salud, cuya experiencia se cuenta a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Adicionalmente, señala que el conteo de la experiencia incluye las prácticas laborales realizadas por estudiantes como requisito para obtener su título.

El Consejo de Estado aclara las diferencias de estas dos figuras:

Mayores cantidades de obra: Se refiere a la ejecución de una cantidad mayor de obra que la inicialmente pactada. El precio final se calcula multiplicando la cantidad ejecutada por el precio previamente acordado. Esto no implica una modificación del contrato original, ya que las cantidades y el precio de los ítems ya estaban pactados.

Obras adicionales: Son trabajos nuevos que no formaban parte del contrato original. Para su ejecución, es necesario un acuerdo formal y por escrito entre las partes, que modifique explícitamente el alcance y precio del contrato original. En otras palabras, las obras adicionales sí implican una modificación del contrato.

El Concepto C – 024 de 2025, emitido por Colombia Compra Eficiente, aclara que en los contratos interadministrativos, al ser una causal de Contratación Directa, no es obligatorio recibir varias ofertas para elegir la entidad con la que se suscribirá el contrato. No obstante, el contratante debe realizar un análisis previo que verifique que el contratista cumple con los requisitos necesarios para contratar.

Adicionalmente, es esencial que la entidad justifique su decisión de contratar directamente, basando su elección en criterios objetivos como experiencia, idoneidad y capacidad técnica y operativa. Finalmente, la entidad debe asegurarse de que el seleccionado tiene la capacidad de ejecutar el contrato.