Frente a las mujeres vinculadas por contrato de prestación de servicios, Colombia Compra Eficiente reitera a las entidades que, con el objetivo de evitar la discriminación, deberá determinar la manera más efectiva de asegurarle derecho al acceso seguridad social.

En sentencia, el Consejo de Estado nos recuerda que, en cumplimiento de los principios de economía y responsabilidad, es fundamental realizar un ejercicio juicioso en la estimación de precios y cantidades en los estudios previos. Esto tiene como objetivo evitar que la entidad incurra en sobrecostos, lo que podría derivar en un detrimento al erario público.

Los funcionarios públicos responden disciplinariamente por sus actuaciones en la etapa precontractual.

En sentencia, el Consejo de Estado señaló que a los contratos estatales sometidos al derecho privado no les resulta aplicable la normativa relacionada con el equilibrio económico del contrato, ya que estas disposiciones fueron establecidas por el legislador únicamente para los contratos regidos por el EGCAP.

En el ámbito del Derecho Privado, se aplica lo dispuesto en el Art. 868 del CCo, que establece la posibilidad de solicitar un reajuste o la terminación del contrato cuando existan circunstancias extraordinarias e imprevisibles que generen una excesiva onerosidad o que alteren una "prestación de futuro cumplimiento". En otras palabras, la norma busca prevenir y mitigar los impactos de situaciones inesperadas que afecten la ejecución de la obligación futura, pero no los hechos ya cumplidos.

Así lo señaló en concepto Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 43 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000, reiterando que solo las entidades que busquen repartir utilidades entre sus miembros pueden ser consideradas Mipymes.

En cambio, las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) tienen un enfoque diferente. Su misión es realizar actividades de interés general, sin esperar una ganancia económica ni repartir utilidades entre sus miembros.

Conforme al reciente concepto de Colombia Compra Eficiente, contra las decisiones que resuelvan la solicitud de revocatoria directa del acto de adjudicación no procede recurso alguno.

Aunque el Art. 77 de la Ley 80 de 1993 establece que, en general, contra los actos en la actividad contractual procede el recurso de reposición, el mismo también incluye una remisión expresa a las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, es decir, las del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, el Art. 95 del CPACA aclara que contra dichos actos no procede recurso.

La sentencia del Consejo de Estado analiza el alcance de la responsabilidad del gerente de un proyecto en contratos de infraestructura pública, específicamente en la supervisión de diseños y la autorización de pagos a interventores. El fallo concluye que la gerencia de un proyecto no implica, por sí sola, la asunción de una obligación de resultado respecto a la calidad de los diseños aprobados por terceros.

En este contexto, se reafirma el principio de relatividad de los contratos, estableciendo que cada contratista es responsable únicamente de sus obligaciones contractuales, sin que el vínculo entre varios contratos genere una responsabilidad solidaria o compartida. La decisión aclara que la coordinación a cargo del gerente del proyecto no lo convierte en garante de la calidad de los estudios técnicos ni lo hace responsable por errores cometidos por los interventores o diseñadores. Con esto, se sienta un precedente relevante para la delimitación de las obligaciones en contratos de gerencia de proyectos en el ámbito público.